En algunos pueblos del Valle de Camargo hemos tenido problemas de hundimientos del terreno (soplaos), con las consiguientes grietas en las casas, en diversos momentos de la historia. Dichos hundimientos han estado, cada vez, relacionados con la extracción de agua del subsuelo. En este blog contamos lo ocurrido, con el deseo de dejar constancia para el futuro y que nunca vuelva a repetirse. Muchas gracias por visitarnos.

martes, 3 de noviembre de 2009

OTRO ANUNCIO DE SOLUCIÓN A LOS SOPLAOS

Esta tarde se han reunido Dolores Gorostiaga (Vicepresidenta Regional), Francisco Martín (Consejero de Medio Ambiente), Jorge Marquínez (Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico), Ángel Duque (Alcalde de Camargo) y los portavoces de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, excepto la del PRC, que no pudo asistir, para tratar de la solución al problema de los soplaos. La reunión ha tenido lugar en el Ayuntamiento a las cinco de la tarde y luego han dado una rueda de prensa, en el salón de Plenos, en la que se ha informado de los acuerdos adoptados.

No pudimos estar en la reunión, obviamente, sino que esperamos fuera, pero sí en la rueda de prensa. Después pudimos hablar tanto con el Alcalde como con Gorostiaga y, especialmente, Marquínez.

Se va a habilitar un crédito especial de 2.887.000 euros, que es el presupuesto inicial para la cimentación, o el refuerzo de esta, de 52 viviendas (como todo presupuesto, dicha cantidad es una previsión que luego puede variar). Para ello el Consejo de Ministros habrá de dar su autorización (se espera que lo haga). Esto será a finales de año o principios del próximo.

Las obras se adjudicarán a una empresa, sin concurso, ya que el objetivo es que no haya más demora, y se ha buscado la manera de poder hacerlo así, por la urgencia.

Para tomar la decisión de acometer las reparaciones de las casas afectadas la Confederación asume su responsabilidad en los hundimientos, al menos en parte, ya que, si bien la morfología del acuífero los favorece, la concesión otorgada al Ayuntamiento ha sido un factor coadyuvante decisivo. Para ello se basan en los estudios realizados por la propia Confederación y en la sentencia emitida recientemente por la Audiencia Nacional a favor de dos afectados. Este dinero lo presupuestará, pues, el Ministerio de Medio Ambiente, al que pertenece la Confederación, la cual supervisará las obras desde su oficina de Santander.

Con ese dinero se repararán o reforzarán, como hemos dicho, las cimentaciones de las viviendas afectadas, es decir, se consolidarán. No se puede precisar en este momento cuánto durarán las obras, una vez comenzadas, con la particularidad que presentan de no estar concentradas en un único punto. Se calcula que puedan ser varios meses. La Confederación actuará en los casos en que esté habilitada para hacerlo. En el caso de la vivienda que tiene sentencia, la cual ha sido recurrida por la Abogacía del Estado, habrá que estar a expensas de lo que ocurra con dicho recurso. No tiene el Presidente de la Confederación ningún inconveniente, si hay alguna opción legal para ello, a que los afectados renuncien a la sentencia y se sumen a la actuación que ahora se propone. Sería sustituir la indemnización por la acción directa de esta Administración.

Después habrá una segunda etapa, para rehabilitar las viviendas, en cuanto a grietas, pintura... que es en la que entran en juego Ayuntamiento y Gobierno Regional. Ambas Administraciones convocarán ayudas al efecto para pequeñas reformas, que los afectados tendrán que solicitar y les serán otorgadas hasta agotar la cantidad presupuestada para ello. El Gobierno Regional ya ha consignado una partida para el próximo año.

Por otro lado, a partir de ahora desde la propia Confederación se exigirá que se pidan unos modos constructivos para las viviendas nuevas que las hagan invulnerables a las oscilaciones freáticas.

Este Organismo, además, revisará el nivel de garantía y los criterios de autorizaciones de uso del acuífero, de manera que se pueda garantizar que en un futuro no existan nuevas responsabilidades de este tipo.

A la salida preguntamos por los afectados que tuvieran su caso en trámite de juzgado o hubieran reparado ellos mismos las viviendas. Los primeros siempre pueden renunciar y sumarse a esta iniciativa. En el segundo caso, si han guardado las facturas, estas les serán abonadas.

Ahora la decisión que han de tomar los afectados es si acogerse a esta oferta o tomar la vía judicial.

En cuanto a nosotros, con la sentencia favorable en la mano, vamos a seguir a la espera de si el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado será admitido a trámite o no.

Los comentarios que podamos hacer, a poco que se conozca el caso, creemos que sobran.

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