Inmediatamente previo a este hecho fue que el Ayuntamiento aumentó el caudal de la captación de agua subterránea, a raíz, entre otras cosas, de la puesta en funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Revilla. Coincide esto también con la concesión de la licencia de explotación por parte de la CHN. Esta licencia tiene fecha de 3 de octubre de ese mismo año 2003.
Era la tercera vez que la extracción del agua en el Ayuntamiento de Camargo producía estos fenómenos.
El día 13 de ese mismo mes, al percatarnos de la existencia de las grietas, se formularon denuncias orales a la Policía Local, que se presentó en el lugar de los hechos y tomó fotografías. Es de suponer que en sus dependencias exista un informe de ello.
Se llamó, igualmente, al alcalde pedáneo, el cual también se presentó en el lugar. Este creyó, con buena fe, que los daños eran causados debido al arreglo de la carretera comarcal que pasa junto a la casa, y que estaba siendo reparada en esos momentos.
Debido a esto último, se buscó y se personaron en el lugar el encargado de la empresa ASCAN y el ingeniero de la Consejería de Obras Públicas, que dijeron y mantuvieron que en ningún caso el arreglo de la carretera podría influir en el hundimiento y agrietamiento de las casas.
También conseguimos que se personara en el lugar el entonces alcalde, don Eduardo López-Lejardi. Su reacción, lejos de desentenderse, fue encargar un estudio a la empresa TRIAX para averiguar las causas de lo que estaba sucediendo.
Una vez acabado el estudio, en él se recomendaba realizar otro más completo, por lo cual posteriormente la Consejería de Obras Públicas, en su sección de Carreteras, se lo encargó a la misma empresa TRIAX. Este es concluyente y recomienda el cese inmediato de la extracción de agua del subsuelo, así como indica cuál sería la forma más adecuada de arreglar tanto las zonas como las casas afectadas.
Ambos estudios se realizan en parte en nuestras parcelas, con maquinaria pesada, sondeos, etc., con los consiguientes desperfectos.
Paralelamente a todo esto los vecinos afectados hemos presentado diferentes escritos en el Ayuntamiento, dando cuenta de los problemas que se nos estaban causando. Estos coincidían, casi siempre, con sucesivos hundimientos y aumento de las grietas, como demuestran los testigos colocados, así como la aparición de grietas nuevas.
En mayo de 2004 la alcaldía pasa a manos de la hasta entonces teniente-alcalde doña Mª Jesús Calva Ruiz, debido a que el anterior alcalde marcha a ocupar otro puesto como consejero en la Delegación del Gobierno.
Al no obtener respuesta del Ayuntamiento, en noviembre de 2004 se solicitó una copia del informe a Carreteras, que lo remitió en primera instancia al Ayuntamiento para que supieran a qué atenerse y con la prerrogativa de entregárselo a los vecinos afectados.
El 31 de octubre de 2005, sin que aún el Ayuntamiento se haya puesto en contacto con nosotros y al seguir reproduciéndose las grietas, que cada vez son más evidentes, y aparecer otras nuevas, se pide por escrito al Ayuntamiento la documentación al respecto y los estudios de TRIAX, sin obtener respuesta tampoco en esta ocasión.
Nos ponemos en contacto con el anterior alcalde, don Eduardo López-Lejardi, y le exponemos nuestro problema, que sigue sin solucionar. Se extraña mucho de que aún no se hayan tomado medidas desde el Consistorio y habla con la alcaldesa.
Finalmente, después de dos años, creemos que tras haber demostrado muy sobradamente nuestra paciencia, la señora alcaldesa tiene a bien convocar a los vecinos afectados que lo han pedido a una reunión el jueves, 9 de noviembre de 2005. En ella, y en presencia del ingeniero municipal, como le echamos en cara que el Ayuntamiento se abastece al 100% del agua del subsuelo, nos corrige y nos aclara que sólo en un 98%.
En esa reunión se llega a los siguientes acuerdos, que la alcaldesa nos entrega posteriormente por escrito: Nos envía los dos informes de la Empresa TRIAX y el Ayuntamiento costea los gastos que suponga la contratación de un arquitecto que valore los daños causados en las viviendas, arquitecto que finalmente contrata la propia alcaldía.
Tras recibir este presupuesto el Ayuntamiento ha vuelto a reunirnos para informarnos de que no se va a hacer cargo del gasto, pues cree que no es responsable al 100% de lo ocurrido, y que le va a remitir el expediente a ANSA, la empresa que le suministra el agua, para que sus abogados estudien el caso y vean si su seguro se hace cargo de ello.
Como el tiempo juega en nuestra contra, pues las viviendas siguen deteriorándose continuamente (y nos podemos remitir a los testigos colocados en las grietas), debido a que el suelo debajo de las casas está hundiéndose, le indicamos tanto a la alcaldesa como al secretario del Ayuntamiento, que empezaremos la reclamación administrativa formal, asesorados por el abogado Ciriaco Martínez Balbás, y, si no se resuelve el problema en ese trámite, pasaremos a la vía judicial.
Igualmente, esperamos que en algún momento podamos llegar a un acuerdo, pues nuestra única intención es que nuestras casas se arreglen.
Es a comienzos del verano de 2006 cuando las ratas hacen su aparición en un edificio auxiliar anexo a nuestra casa a través de las grietas abiertas en el suelo. Ello es lo que nos mueve a ponernos nosotros mismos en contacto con otras administraciones: CHN en Cantabria, Delegación del Gobierno en Cantabria, CHN en Oviedo, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Obras Públicas y Vivienda (Carreteras), Consejería de Industria, Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria, SEPRONA, Ministerio de Medio Ambiente, Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ministerio de Fomento, Consejería de la Presidencia, Presidente de Cantabria, Junta Vecinal del Pueblo, Vicepresidenta de Cantabria, Defensor del Pueblo, ANSA, AGBAR, IGME…
A estas administraciones les pedimos que procuren tanto la reparación de los daños como el cese preventivo de la extracción de agua, pues si esta se sigue extrayendo no se pueden garantizar las reparaciones.
Es también en el verano de 2006 cuando los hundimientos, grietas y soplaos comienzan a producirse de forma masiva en el municipio. Una enorme cantidad de casas y fincas resultan afectadas e, incluso, en el cementerio de Muriedas un soplao se "traga" varias tumbas. Dos familias son desalojadas de sus casas por el Ayuntamiento por peligro inminente de derrumbe.
Por supuesto, el peritaje de las primeras casas, realizado en la primavera de ese mismo año, se queda desfasado y habrá que revisarlo cuando se vayan a realizar las obras.
El 2 de noviembre de 2006, en el Ayuntamiento de Camargo tuvieron lugar dos Plenos Extraordinarios para tratar exclusivamente el tema de los soplaos. El primero a petición del Partido Popular y el segundo por el equipo de gobierno.
El día 30 de diciembre, tras casi dos meses de los Plenos, y, de nuevo el 2 de febrero, tras haber sido aprobadas en otro Pleno, los afectados recibimos las actas de las sesiones: Se aprobó por unanimidad de todos y cada uno de los partidos con representación en el Consistorio que los huecos en los terrenos seguirían tapándose como se venía realizando hasta el momento. Para las casas desalojadas se establecerían indemnizaciones y todos los gastos les serían abonados, una vez justificados los pagos.
El resto de las viviendas, tras estudiar una Comisión de Valoración cada caso, recibiría ayudas o subvenciones en un porcentaje que esa misma Comisión tendría que determinar.
Esto es algo que en ningún momento los afectados podemos aceptar, ni moral ni fiscalmente. También los no desalojados tenemos derecho a unas indemnizaciones al cien por cien. No cabe esa discriminación entre vecinos.
En Diciembre, los afectados recibimos una carta del Ayuntamiento donde se nos dice que TRIAX pasará a valorar las casas afectadas. Efectivamente, el día 10 de enero de 2007 esta empresa comienza a visitar a los vecinos afectados para realizar una valoración de los daños causados en sus viviendas y establecer si estos se relacionan con los hundimientos.
Esas valoraciones se entregan al Ayuntamiento en Marzo, pero este no toma las medidas de precaución recomendadas para algunas casas como inmediatas hasta el mes de Mayo. En ese momento se apuntalan algunas, debido al peligro de que, al menos parte de su estructura, se derrumbe.
Mientras tanto, el Instituto Geológico y Minero de España ha entregado el informe que la Confederación, al enterarse de los problemas existentes, les había encargado. A raíz de ese informe se ordena al Ayuntamiento, a principios de 2007, cesar la extracción en un pozo (de los que aún se estaban utilizando) y reducirla en los otros dos. También se van a controlar los niveles piezométricos dos días a la semana por si hubiese que reducir aún más el caudal de extracción.
Es en Mayo, justo dos días antes de las elecciones locales, cuando se aprueba en el Pleno, de forma inicial y por unanimidad, una Ordenanza para pagar a los afectados por los soplaos. Pero esta deja mucho que desear, tanto en opinión de los afectados como de los partidos de la oposición. Una vez esta Ordenanza sea publicada en el BOC, se dispone de un mes para presentar alegaciones. No obstante, desde la alcaldía y el equipo de gobierno se dice que es lo mejor que pueden ofrecer. Al menos, sí se afirma en ese Pleno que desalojados y no desalojados seremos tratados según los mismos criterios.
En esas elecciones del 27 de mayo de 2007 el equipo de gobierno cambia y pasa a gobernar en minoría Ángel Duque, quien fuera alcalde en 1988, cuando también tuvieron lugar los hundimientos. Este manifiesta que va a arreglar las casas, pero no cuándo ni, lo que para nosotros es muy importante, cómo. Tampoco piensa hacerlo en su totalidad. Dice que no tiene dinero y sigue manteniendo que las causas de los hundimientos son naturales. En cualquier caso, consideramos básico un compromiso plenario escrito en que todas las posibles variables estén especificadas, para luego valorarlo.
En una reunión mantenida con el Delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, el día 30 de julio, nos manifiesta que no existe un procedimiento administrativo que contemple nuestro caso. Dice que la Administración tiene "imperfecciones" que son los jueces los que se encargan de corregir. Y que no existe ningún caso en que haya habido perjudicados por una acción de cualquier Administración y se haya solucionado sin recurrir a la vía judicial.
En octubre el Ayuntamiento encarga a la empresa TRIAX que realice una visita de inspección a las casas afectadas, para observar el progreso de los daños.
En mayo de 2008, una vez planteado nuestro caso en la Audiencia Nacional, y tras los trámites de rigor, como el envío de los expedientes a esta por parte del Ayuntamiento y la Confederación, hemos interpuesto la demanda correspondiente.
Finalmente, el día 30 de julio de 2009, recibimos notificación de la sentencia. Según nos ha dicho nuestro abogado, Pablo Herrero Cobo, es lo mejor que nos podía haber pasado, y estamos convencidos de que es así:
La Administración del Estado (Ministerio de Medio Ambiente) tendrá que indemnizarnos con la cantidad que habíamos pedido, más los correspondientes intereses, en concepto de Responsabilidad Patrimonial.
No considera la Sala que pueda atribuirse Responsabilidad Patrimonial al Ayuntamiento deCamargo.
Cada parte paga sus costas.
Estamos muy contentos, ya que la relación de causalidad entre las extracciones y los hundimientos ha quedado probada y nuestra vivienda va a ser reparada, que era nuestro objetivo.
En cuanto al control de las extracciones, que es el otro punto que afecta a la solución de los soplaos, la Confederación se encarga de ello. Y nosotros seguiremos vigilantes.
Esta sentencia sólo soluciona nuestro problema, no el del resto de afectados, pero abre una puerta y les muestra el camino a seguir, si es su voluntad.
Para nuestra sorpresa, la Abogacía del Estado interpuso un Recurso de Casación a esta sentencia. Un Recurso de Casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene, a juicio de los recurrentes, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales.
Mientras tanto, por otro lado, y esto fue lo que más nos sorprendió, Confederación, Ayuntamiento de Camargo y Gobierno Regional dieron una rueda de prensa en noviembre anunciando al arreglo de las casas afectadas, ya que ahora había una sentencia que lo justificaba. Confederación asumiría la reparación de las cimentaciones y Ayuntamiento y Gobierno Regional establecerían subvenciones para los gastos que ocasionase a los afectados el resto de arreglos (grietas, pintura...), que ellos tendrían que asumir previamente.
El 23 de diciembre el Consejo de Ministros dio el visto bueno a dichas reparaciones.
A su vez, el Gobierno Regional presupuestó 256.000 euros para 2.010 para Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios por daños causados por soplaos.
Y el Ayuntamiento de Camargo ya en los dos últimos años había presupuestado un millón de euros.
En enero de 2.010 técnicos de Confederación y las empresas que iban a realizar las obras de consolidación comenzaron a visitar las casas afectadas. Parecía que empezaba a verse movimiento.
Mientras tanto, nosotros seguíamos esperando a saber qué ocurría con el recurso de casación, hasta que, por fin, en junio nos comunicó nuestro abogado que el recurso no había sido admitido a trámite. Ahora la sentencia ya era firme y el Ministerio de Medio Ambiente tenía tres meses para pagar la cantidad a la que habían sido condenados. De no ser así, tendríamos que pedir ejecución de sentencia. Por fin nos veíamos a muy poca distancia del final del problema.
Esa apreciación, sin embargo, era equivocada y colaboramos con otros afectados a crear una asociación que defendiera nuestros derechos, para intentar acabar con el problema de los soplaos para siempre. La asociación se llamó: "Asociación de afectados por los soplaos en el Valle de Camargo". Elaboramos unos estatutos y la inscribimos en el registro de asociaciones, para que fuese algo más oficial que un grupo de afectados que se unen y poder hacer así más presión sobre las Administraciones. En las últimas noticias se pueden ver las actuaciones que llevamos a cabo.
