Han pasado unos días y con ellos la “conmoción” que nos causó ver en los medios de comunicación la noticia de que el Grupo Parlamentario Socialista presentaba ante la mesa del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para “solucionar los soplaos”. Y lo entrecomillamos porque realmente creemos que la intención de fondo no es esa, no puede ser.
Solo el hecho de que hayan dado este paso nos parece la mayor falta de respeto imaginable a los ciudadanos, afectados o no, e, incluso, a las instituciones. ¿Cómo pueden pretender hacer creer a nadie que actúan con buena intención y buscan la solución a un problema que ha estado ahí durante los ocho años que estuvieron en el gobierno local, autonómico y estatal? Un problema que primero crearon, luego agravaron y finalmente fueron incapaces de solucionar por falta de voluntad.
También hemos leído el escrito presentado ante la mesa. Y desconocemos si han hablado con algún afectado para dar este paso, pero con la asociación no lo han hecho. Parece que siguen instalados en su postura de creer que son ellos quienes saben cuál es la solución y que las administraciones o instituciones pueden hacer lo que quieran sin contar con los afectados, que son, a fin de cuentas, las personas en quienes van a recaer las consecuencias de sus actos.
En la exposición de motivos hablan del “fenómeno geológico” conocido como soplaos. Bien, resulta obvio que es un fenómeno geológico. Solo tememos que puedan olvidar, como nos tienen acostumbrados, que puede ser desencadenado de forma natural o por la acción antrópica, como en este caso. Y no lo decimos nosotros, lo dicen variados informes técnicos, incluido el del IGME, y una sentencia de la Audiencia Nacional, que fue clara y tajante cuando señaló las causas y responsables de los soplaos.
Y, por si se les ocurre alegar, como tantas veces hemos oído, que la sentencia es solo para una vivienda, recordar que en ella primero se delimita la zona afectada por los soplaos y la causa de estos. Luego, se establece que la vivienda se encuentra en esa zona. Por ello los antecedentes de derecho son válidos para el resto de viviendas afectadas. Y, si alguna administración no está de acuerdo con la responsabilidad que se ha señalado, si realmente tiene las pruebas que dice para demostrar otra cosa y señalar otro responsable, que acuda a los tribunales y termine con esto de una vez. Pretender que sean los afectados los que solucionen el problema es una injusticia y un abuso.
Con esta iniciativa parlamentaria no se hace sino poner al resto de grupos en la difícil tesitura de tener que elegir entre votar “incondicionalmente” a favor de su propuesta “de ayuda bienintencionada a unos vecinos en problemas”, o decir la verdad, aunque no guste, y votar en contra, lo que no iba a ser bien entendido por muchos. De esta manera también les “obligan”, o pretenden hacerlo, a actuar como ellos lo hicieron, a prometer y no cumplir, como ellos prometieron y no cumplieron.
La verdad es que su propuesta no es factible para las administraciones ni beneficiosa para quienes llevan padeciendo estos daños tanto tiempo. El primer punto sí, en él piden que el Gobierno regional siga realizando las gestiones oportunas ante la Administración General del Estado al objeto de garantizar la total reparación de los daños causados a los afectados por los soplaos. Como no podía ser menos, creemos nosotros, sin necesidad de ninguna proposición no de ley.
En el segundo punto, en cambio, instan al Gobierno Regional a elaborar una orden de convocatoria de subvenciones finalista para contribuir a la reparación de los daños motivados por los soplaos. Y los afectados lo que necesitan no son subvenciones, ya que supondrían dos cosas: por un lado, la renuncia a la asunción de responsabilidad por parte de la CHC que, como mínimo, quedaría muy diluida. Por otro lado, si no se articula en contra, y eso tendría que hacerlo quien tenga potestad para ello, las subvenciones cotizan a Hacienda. Y ahora no se sabe ni de qué porcentaje del presupuesto empleado hablamos, ni si esa exención se va a articular… Sin tener en cuenta la imposibilidad de que el Gobierno Regional invierta dinero en algo de lo que no es responsable, máxime tratándose de propiedades privadas. Y existiendo, como existe, un responsable judicial.
Lo que los afectados esperan, y es lo que se les debe, son indemnizaciones o reparaciones integrales de los daños en sus propiedades debidos a soplaos; esperan que se les informe puntualmente de cualquier punto o extremo que afecte a este caso; esperan que se cese en la extracción de agua de pozos, galerías y manantiales en el municipio; esperan que se dejen de utilizar políticamente los soplaos como arma arrojadiza entre partidos. En definitiva, esperan; llevan ya muchos años haciéndolo.
Añadir que el agua de Camargo ha sido y es muy cara, pero “los de arriba” no lo entienden. El dinero no es más que eso, papel pintado; las personas y nuestra seguridad somos un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar, que nadie debería haber pagado. Los afectados y vecinos en general queremos dejar de ser ese precio.